En 2007 integramos la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso. Con el apoyo de más de cien organizaciones, iniciamos una campaña de trabajo conjunto con legisladores locales y federales, así como con funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, vinculados directamente a la operación del sistema de justicia. El resultado fue la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia de 2008.